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Se debe garantizar el derecho al vital liquido

Se armoniza Ley de Aguas con la Constitución

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Artículo 1 de la Ley de Aguas para los Municipios, a fin de precisar que el acceso a este servicio es un derecho constitucional.

El pleno del Poder Legislativo aprobó la propuesta de la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado, para que se precise en esta ley, que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental.

En el Artículo Segundo Transitorio, se indica que las autoridades municipales y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán armonizar sus reglamentos, programas y políticas con lo dispuesto en este decreto, en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Lo anterior resulta especialmente relevante en un contexto en el que diversas regiones del país enfrentan retos significativos en materia de disponibilidad y acceso al agua, por lo que resulta necesario que el marco jurídico estatal incorpore principios que orienten la actuación de las autoridades hacia la garantía efectiva de este derecho fundamental.

Además, con esta reforma, se debe garantizar a toda persona en condiciones de igualdad, suficiencia, calidad, aceptabilidad, asequibilidad y continuidad, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En la exposición de motivos, la legisladora se refirió a las dificultades de la gente para acceder al servicio del agua potable.

“Una madre que camina kilómetros para llenar una cubeta. Un adulto mayor que tiene que elegir entre comprar agua o medicamentos. Estas no son escenas lejanas ni ajenas: son parte de la realidad cotidiana de muchas familias en nuestro estado de Coahuila, especialmente en municipios como San Pedro de las Colonias, donde el acceso al agua potable sigue siendo un reto estructural, urgente y profundamente humano”, expuso.

Indicó que como representantes populares, estamos moral y legalmente obligados a actualizar y reformar nuestras leyes para responder a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

“La legislación no puede permanecer estática ante problemáticas que se agravan día con día, como la crisis del agua. Nuestro deber es actuar con visión, responsabilidad y justicia, adaptando el marco normativo para garantizar a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, empezando por el más básico: el derecho al agua”, puntualizó.

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